El recurso de amparo en México es un proceso que inicia por acción de un ciudadano hacia los órganos gubernamentales federales, en contra de algún acto de autoridad que le cause un agravio y que pueda considerarse como un contrario a lo escrito en la Constitución Mexicana. Esta acción inicia un juicio que tiene como objetivo no hacer válido dicho acto de la autoridad, siempre y cuando se compruebe su ilegalidad.  

El motor que mueve este recurso son los derechos inherentes
que tiene cada persona, por el hecho de serlo. En realidad, estos derechos tomaron mayor importancia cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, en donde por acuerdo internacional se estableció que los actos de los nazis contra los judíos nunca deben repetirse. Y ciertamente, aunque un Estado gobernante no administre ni regule estos derechos, deben ser respetados en todo momento.

La violación de estos derechos es un acto de inconstitucionalidad que debe ser llevado a instancias gubernamentales y federales, conforme lo indica la ley. Existen dos tipos de amparos: los que son promovidos en contra de la sentencia dictada por un juez (cuando el actor cree que se están violando sus derechos) y los que son en contra de otros tipos de actos de la autoridad, distintos a la sentencia (ordenes de aprehensión, órdenes de clausura, etc.)

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